Y otro dato mas

La historia de los contactos del Gobierno (PP) con ETA y HB durante el primer año de tregua.

Durante el año transcurrido desde la firma del pacto de Lizarra y la tregua indefinida que ETA anunció a continuación, el Gobierno, la organización terrorista y Herri Batasuna han jugado una complicada partida de ajedrez. En ella han participado intermediarios como el obispo de Zamora, Juan María Uriarte, políticos como Ricardo Martí Fluxá, Javier Zarzalejos y Pedro Arriola, y terroristas como Mikel Albisu, Antza, y Belén González Peñalva,Carmen. Se han celebrado citas secretas en Burgos y Zúrich, y misteriosos carteros han llevado y traído mensajes entre el presidente del Gobierno, José María Aznar, y la dirección etarra. Ésta es la historia secreta de las negociaciones.

El 20 de mayo (1999), los dirigentes de ETA Mikel Albisu, Antza, y Belén González Peñalva, Carmen, se sentaron frente a frente, sin haberse dado la mano previamente, con los enviados del presidente del Gobierno, José María Aznar: Javier Zarzalejos, Pedro Arriola y Ricardo Martí Fluxá.

La escena se produjo en un hotel de la ciudad suiza de Zúrich. Fue, quizás, la estampa más llamativa que han generado la firma del Pacto de Lizarra, que ahora cumple un año, y la tregua indefinida que ETA declaró a continuación. Casi simultáneamente, el Gobierno del PNV y EA sellaba un pacto de legislatura con Euskal Herritarrok, la sigla electoral de HB, que por fin ha normalizado su participación institucional, después de haber estado cuestionando durante 20 años el marco estatutario.

Fue el actual portavoz del Gobierno vasco, Josu Jon Imaz, quien transmitió al presidente del PNV, Xabier Arzalluz, su sensación -en sus propias palabras- de que "ETA podía estar dispuesta a realizar una tregua". Ni él mismo podía imaginar que un encuentro suyo, en enero de 1998, cuando era europarlamentario, con un intermediario de la organización terrorista en Bruselas fuera el punto de partida del proceso que condujo al Pacto de Lizarra y a la tregua de ETA. Esta información fue desvelada por el propio Arzalluz el pasado 27 de agosto en su mitin de verano, en Zarautz. Imaz, que asistió al acto en compañía de su familia, se declara sorprendido por la alusión del presidente de su partido.

Salvo el reconocimiento de haber transmitido a Arzalluz esa sensación, Imaz se niega a aportar detalles. "Es algo de lo que en su día sólo hablé con Arzalluz y de lo que nunca he vuelto a hablar con nadie, ni siquiera de mi propio partido", dice para justificar su silencio. El eurodiputado cumplía una misión encomendada por la ejecutiva del PNV, a la que había llegado un mensaje de ETA a través de un empresario vasco francés, en el que la organización invitaba a los nacionalistas a reanudar oficialmente los contactos rotos muchos meses antes, con la intención de buscar una salida a la situación.

Ese mismo enero de 1998, poco antes de la entrevista con Imaz, llegó a ETA un serio aviso de la policía francesa, en el sentido de que estaba en condiciones de repetir una operación como la que en 1992 dio con el colectivo dirigente Artapalo en la cárcel. "Se les hizo saber que lo teníamos prácticamente todo", afirma una fuente francesa.

Ese mes, al tiempo que intensificaba su ofensiva contra los concejales del PP, ETA intentó contactar con el Gobierno. El día 8, un monje de la comunidad italiana de San Egidio (asociación católica que ha desempeñado una mediación vaticana oficiosa en conflictos como los de Mozambique, Argelia o Guatemala) fue enviado por ETA a Madrid y recibido por el ministro del Interior, Jaime Mayor, al que transmitió el interés de la banda por iniciar un diálogo. El ministro respondió que mientras hubiera asesinatos no habría diálogo. Al día siguiente, ETA asesinó al edil del PP en Zarautz José Ignacio Iruretagoyena. Esa negativa del Gobierno empujó a ETA a seguir la vía "irlandesa", el acuerdo entre nacionalistas.

El PNV tardó aún medio año en contactar con la cúpula terrorista. Lo hizo en agosto de 1998, en Bélgica. Antes, desde el mes de marzo, había mantenido una larga negociación con HB. En esos días, el PP y el PSOE habían rechazado el Plan Ardanza de paz y Arzalluz había advertido a Aznar de que el PNV buscaría la paz por su cuenta. También en marzo, ETA debatió posibles fórmulas de colaboración con el nacionalismo moderado y la conveniencia de una tregua.

En julio concluyó la elaboración de un texto en el que explicaba a su militancia un giro estratégico que incluía el alto el fuego. Lo justificaba afirmando que, gracias a ese cambio, las iniciativas de la izquierda abertzale obtendrían el respaldo de todo el nacionalismo y tendrían su reflejo en el Parlamento vasco.

Estos gestos contribuyeron a superar la vieja enemistad que había enturbiado las relaciones entre PNV, EA y HB. En agosto (1998), el equipo negociador del PNV, integrado por Joseba Egibar, Juan María Ollora y Gorka Agirre, se reunió en dos ocasiones con miembros de la dirección de ETA. La promesa de tregua decidió al PNV, que participaba desde junio con HB en el Foro de Irlanda, a comprometerse en el Pacto de Lizarra.

La declaración de tregua indefinida, el 16 de septiembre, fue la culminación de la primera parte de un proceso que quedó contrastado en las urnas el 25 de octubre. Al día siguiente de las elecciones, Arzalluz sugirió la constitución de un gobierno en minoría PNV-EA con apoyo externo de EH. Así acabó formándose el Ejecutivo, de acuerdo con el compromiso adquirido entre los nacionalistas.

El presidente del Gobierno, José María Aznar, esperó al resultado de las urnas y consultó con todos los partidos antes de dar una respuesta a ETA. Aunque en su declaración de tregua la organización terrorista no se había dirigido al Gobierno, todos los partidos le sugirieron a Aznar que su intervención era decisiva en el proceso de paz, porque la situación de los presos de la banda estaba en sus manos, así como la posibilidad de lograr que la tregua fuera definitiva. El 3 de noviembre, el presidente del Gobierno hizo una declaración solemne, en la que se mostró dispuesto a hablar con ETA y su entorno con el fin de conocer directamente sus intenciones.

En el marco de los encuentros que los firmantes de Lizarra mantuvieron con sectores sociales, entre ellos la Iglesia -en concreto con el obispo José María Setién y la asociación Herria 2000 Eliza, que integra a clérigos y ex clérigos próximos a HB-, con el fin de explicar el alcance del pacto, el obispo de Zamora, Juan María Uriarte, se ofreció a los dirigentes de HB como intermediario entre el mundo abertzale y el Gobierno.

Uriarte, bien considerado por el ministro del Interior y con acceso directo a la ejecutiva del PNV a través de su amigo el ex consejero de Interior vasco Luis María Retolaza, se convirtió así en el primer enlace entre el Gobierno y HB y en hombre clave en los primeros contactos entre el Gobierno y ETA, aunque a principios de este año fue sustituido por otro intermediario. Uriarte preguntó a Rafael Díez Usabiaga y a Íñigo Iruin por la disposición de ETA para convertir en definitiva la tregua indefinida. Ambos se negaron a hablar en nombre de ETA. Y le dijeron que si el Gobierno quería saber qué pensaba la organización terrorista, tendría que hablar con ella.

La gestión de Uriarte fructificó en la reunión que se celebró el 11 de diciembre (1998) en una finca situada a un cuarto de hora de Burgos. El Gobierno ya sabía que ETA quería reunirse con sus representantes, por lo que le interesaba sondear a HB sobre sus pretensiones. La delegación gubernamental la componían el secretario de Presidencia, Francisco Javier Zarzalejos, el asesor del presidente Pedro Arriola, y el director de Seguridad del Estado, Ricardo Martí Fluxá. Por parte de HB, fueron Arnaldo Otegi, Rafael Díez Usabiaga, Fernando Barrena y el abogado Íñigo Iruin. El encuentro duró tres horas y comenzó con tensión, aunque los presentes se estrecharon la mano como saludo.

Los abertzales preguntaron a sus interlocutores si acudían en nombre de Presidencia del Gobierno o del Estado. Zarzalejos aclaró que estaban cumpliendo "un mandato del presidente del Gobierno" y que su interés consistía, exclusivamente, en certificar la voluntad de ETA de abandonar la violencia. Otegi respondió que HB era un partido y ellos sólo hablaban de política. Superada la tensión inicial, Arriola llegó a afirmar que el Gobierno estaba dispuesto a reunirse con ETA.

Para entonces, Uriarte había contactado ya con la banda. El último fin de semana de noviembre, una persona de su confianza recogió en Suiza, de manos de Mikel Albisu, Antza, y de Vicente Goikoetxea, Willy, que dirigían el aparato político, una carta para el presidente del Gobierno. En ella, la dirección etarra pedía un canal de comunicación permanente para avanzar en "una resolución democrática del conflicto vasco".

La respuesta del Gobierno llegó a ETA el 16 de diciembre. Un nuevo mensajero que sustituyó a Uriarte comunicó oralmente que el Ejecutivo aceptaba iniciar contactos. Pedía que ETA fijara lugar y fecha, a la vez que comunicaba oficialmente la identidad de sus representantes y solicitaba a los terroristas que identificaran a los suyos. Pese a estos movimientos, el comienzo de diciembre registró uno de los momentos más tensos del año. Los firmantes de Lizarra se hicieron eco de las inquietudes de las organizaciones de familiares de presos. Entre ellos se constataba un nerviosismo cada vez mayor por la falta de repercusión que la declaración de tregua tenía en la política penitenciaria.

Esta crispación llegó a ETA, cuya dirección analizó la situación en una reunión celebrada a primeros de diciembre -fuentes abertzales aseguran que este organismo se reúne con periodicidad mensual-. En aquel encuentro incluso se alzó una voz en favor de romper la tregua en el "frente carcelario", propuesta que no prosperó.

Durante esos días se vivió con tensión entre los partidos nacionalistas la negociación que el nuevo lehendakari, Juan José Ibarretxe, mantenía con el PSE-EE para formar Gobierno en Vitoria. El 3 de diciembre, Ibarretxe dio por rotas las conversaciones, lo que abría la puerta al pacto con EH y cumplía el compromiso que el PNV y ETA habían alcanzado en agosto, antes de que los terroristas declararan la tregua.

El 18 de diciembre, una semana después de la reunión de los interlocutores del Gobierno con HB, Aznar hizo la tercera declaración institucional relacionada con el proceso de paz. Anunció que existían posibilidades de conseguir una tregua definitiva, pues sabía que se estaba fraguando una reunión de sus delegados con ETA. Tres días después, la organización terrorista afirmó que mantenía la tregua, pero la condicionaba al respeto al proceso abierto por Lizarra, una constante en todas sus declaraciones desde el alto el fuego.

En el seno del Gobierno se produjo en ese momento un debate sobre la oportunidad de realizar un movimiento significativo con los presos de ETA, que se zanjó con el retorno a la Península de la veintena de reclusos dispersos en las islas y en Ceuta y Melilla.

La segunda reunión entre HB y el Gobierno, prevista para el 15 de enero, fue suspendida a iniciativa de HB. Los abertzales alegaron posteriormente que el Gobierno no había dado carácter oficial a la reunión anterior. Pero tampoco el Gobierno estaba especialmente interesado en seguir hablando con HB, sino con ETA.

A mediados de enero, un mes después de recibir la misiva del Gobierno, ETA respondió a Aznar con una segunda carta, en la que le exigía la formalización por escrito y firmada del mensaje verbal que le había hecho llegar el 16 de diciembre. Esta exigencia fue satisfecha a finales de febrero o primeros de marzo por Martí Fluxá, que es el interlocutor del presidente del Gobierno que mantiene más canales de comunicación con los radicales.

Pero ETA no dio acuse de recibo en marzo porque fue el mes más negro para la organización desde el inicio de la tregua. A operaciones policiales como la detención en París de su jefe militar, José Javier Arizcuren, Kantauri, el 9 de marzo, se sumó, un día después, la del comando Donosti, reconstruido durante la tregua.

Por si fuera poco, el día 20 apareció en Rentería el cadáver del etarra José Luis Geresta, que se había suicidado tras deambular por el monte durante 10 días. Sin movimientos de presos, con un suicidio que pretendía atribuir a la guerra sucia y presionada por la ofensiva policial, HB exigió al PNV una nueva prueba de su compromiso: hasta el lehendakari paró cinco minutos a las puertas de su despacho en protesta por la actitud inmovilista del Gobierno.

Estos acontecimientos interrumpieron el ritmo de las conversaciones, que no recobraron el pulso hasta mayo. El día 16 de ese mes, ETA, con un panorama interno más despejado, comunicó a través del diario Gara que estaba dipuesta a hablar para allanar obstáculos. El día 20 de mayo (1999) se produjo el encuentro de Zúrich, que Aznar desvelaría en plena campaña electoral (municipal).

La reunión, de cuatro horas, fue un sondeo en el que ambas partes constataron la enorme distancia que separaba sus posiciones. Mientras el Gobierno planteaba una negociación de "paz por presos", ETA mantenía la posición de sus comunicados: paz a cambio del reconocimiento del derecho a la autodeterminación. El encuentro dejó abierta la puerta a una segunda cita.

El 25 de julio, los terroristas comunicaron verbalmente, a través del mensajero habitual, que no habría más contactos. Ricardo Martí Fluxá realizó una gestión para tratar que ETA reconsiderara su decisión. No lo logró, y el 25 de agosto Aznar anunció la ruptura, adelantándose a ETA, que la corroboró de inmediato.

ETA, que para justificar su decisión acusó al Gobierno de electoralismo, estaba en realidad más preocupada por sus roces con el PNV, que hizo públicos en su comunicado del 28 de agosto. En ese documento realizó un balance negativo de la marcha del proceso desde febrero, destacando que la Asamblea de Municipios estaba paralizada, que el PNV no se implica en reivindicar la autodeterminación y que se niega a aceptar que el acuerdo de Lizarra se aplique con los ritmos que marca la izquierda abertzale.

El PNV dio una dura réplica y declaró que el discurso de ETA está agotado.

En este contexto (a los 11 meses de tregua), el Gobierno ha anunciado que acercará a un centenar de presos a las cárceles vascas. Trata, con esta medida, de neutralizar las acusaciones de inmovilismo y eliminar una posible coartada de los sectores tentados por la vuelta de la violencia.

'Kale borroka' de quita y pon

La violencia callejera practicada por grupos organizados bajo el paraguas de ETA no ha dejado de aparecer, en ocasiones de manera ruda y peligrosa, a lo largo de estos 365 días de silencio de las armas . Como si de una violencia de quita y pon se tratara, los comandos Y de apoyo a ETA han dibujado durante este año de tregua un gráfico del cóctel mólotov, el incendio y las agresiones pegado a la actualidad política y, sobre todo, mucho más selectivo en sus objetivos que en años precedentes.

El pistoletazo de salida dado por ETA para el cese unilateral de los atentados el 18 de septiembre -aunque el último asesinato se produjo el 25 de junio de 1998, cuando el comando Donosti mató al edil Manuel Zamarreño-, no afectó a los grupos Y. Precisamente, el ensañamiento de los terroristas con los electos del partido gobernante se convirtió, tras la tregua, en un acoso constante por parte de "los de la gasolina" con cartas amenazantes, ataques con bombas incendiarias y seguimientos.

Los picos de esta estadística de los encapuchados ya fueron palpables desde que los grupos firmantes del Pacto de Lizarra se preparaban para cocinar su acuerdo soberanista, firmado hoy hace un año, cuatro días antes de que ETA hiciera público su comunicado más esperado. Por esas fechas, los incidentes callejeros comenzaron a perder intensidad. Las elecciones vascas (25 de octubre) y la conversión de HB en la marca electoral Euskal Herritarrok, con nuevos estilos y discursos renovados estilo Otegi, pedían también otras estrategias.

El fin de los atentados en las fechas previas a los comicios no supuso la desaparición de los sabotajes. Pero comenzó a visualizarse una nueva realidad: los encapuchados mantenían la curva descendente de sabotajes iniciada en 1997, al tiempo que discriminaban sus objetivos, entre los cuales sobresalían los responsables de "partidos españoles" y todo lo que "oliera a Estado español".

Si en septiembre y octubre de 1998 los ataques no superaron la cifra de 20 al mes, el inicio de las conversaciones fallidas entre PNV y PSE para la formación del Gobierno puso a trabajar a destajo a los encapuchados: así, en diciembre se produjeron 51 ataques y en enero, 45.

Los expertos de Interior de la Ertzaintza (policía vasca) tienen constancia desde primeros de este año de la existencia de tres grupos de kale borroka. Dos de ellos operan preferentemente en Vitoria, en la zona del Duranguesado, y el tercero en la comarca de Uribe Kosta. Este último, el más numeroso, cuenta con "unos 200 chavales dispuestos a tirar cócteles mólotov" , y tiene su base de operaciones en Getxo.

La negociación de un pacto de legislatura entre nacionalistas para sustentar al Ejecutivo de Juan José Ibarretxe fue acompañada por un descenso de los sabotajes (febrero, 25 ataques). Los batzokis (PNV) y elkartetxes (EA) estaban a salvo de las llamas, mientras se lanzaban los cócteles contra las casas del pueblo (PSOE) y las sedes del PP. Una comparación: en 1996, los encapuchados atacaron 50 sedes del PNV, 26 del PSE-EE y sólo 8 del PP y de EA y 4 de IU. En los últimos seis meses sólo se ha contabilizado un ataque contra un batzoki (el 18 de agosto 1999, en Getxo).

En los documentos internos de ETA se mantenía la orden de acoso contra los militares, policías e intereses económicos franceses y españoles. Pero los ediles del PP se convirtieron en la guinda más sabrosa para los ... hasta las elecciones municipales de junio. El objetivo inmediato era dificultar la confección de listas.

Dos portavoces de ETA, en una entrevista emitida por ETB en marzo, no reconocieron la "paternidad" de la violencia callejera y dijeron que no se les pidiera "hacer de apagafuegos ante unos métodos de defensa". ETA siempre ha considerado estos episodios violentos como una modalidad de "lucha popular de respuesta".

Desde la tregua, los ertzainas han arrestado por sabotajes a 64 personas. Pero los rebrotes esporádicos de esta violencia han puesto en ocasiones contra las cuerdas al consejero de Interior, Javier Balza, y han cuestionado la capacidad de la Ertzaintza para atajar este complejo fenómeno. Tan complicado, que tampoco Otegi asume la paternidad de los sabotajes. Ni siquiera reuniones al más alto nivel entre dirigentes de PNV-EA con Jarrai (juventudes de KAS) han podido atajarlo.

Los nacionalistas aún creen en la validez del acuerdo de legislatura firmado en mayo con EH, en el que se apuesta de manera "inequívoca por las vías políticas y democráticas" para superar el conflicto. Pero el 31 de agosto (1999) los saboteadores quemaron el coche de un guardia civil, y este martes zarandearon a un edil del PP en Zizurkil.