EL UNICO INCOMPETENTE Y CHORIZO CORRUPTO ES EL QUE DEBERIA LARGARSE SI TIENE UN POCO DE DIGNIDAD Y VERGUENZA
Griñán quiere apartar a la juez de los ERE por incompetencia
02-04-2011
M. L. Alonso. Madrid
La Junta de Andalucía, a través de su letrado, remitió el jueves 31 de marzo escritos dirigidos al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que lleva el caso de los ERE, requiriendo la inhibición de este tribunal por incompetencia, según expone en una providencia la magistrada que dirige la investigación, Mercedes Alaya. En esos documentos, el Gobierno que preside el socialista José Antonio Griñán pide, por tanto, que la juez Alaya deje de instruir la causa que engloba, además de las irregularidades en la financiación de los expedientes de regulación de empleo, la concesión irregular de subvenciones, así como el menoscabo de los fondos públicos por parte de la Junta de Andalucía.
Ante ese intento de retirar del caso a la magistrada, la propia instructora exige al letrado de la Junta en la referida providencia que se persone en el juzgado el próximo lunes 4 de abril, a las 13:30 horas, a fin de que se pronuncie sobre si mantiene su requerimiento de inhibición. Es decir, que cita a los representantes legales del Ejecutivo regional para que le expliquen, cara a cara, en base a qué preceptos considera que debe ser apartada del caso.
Además, la juez Alaya también ha emitido un auto en el que reitera nuevamente al Gobierno de Griñán que le remita cuanto antes la documentación de las actas de las reuniones del Ejecutivo del año 2001 y apunta a la posibilidad de que el Ejecutivo andaluz haya incurrido en un delito de prevaricación al desoír año tras año las irregularidades puestas de manifiesto por la Intervención General.
Amén de la sucesión de acontecimientos que se vienen produciendo [de los reparos y supuesta negativa de la Junta para aportar las actas de los Consejos de Gobierno] y de los cuales este juzgado no tiene conocimiento a través de los conductos legales correspondientes, sino de las noticias publicadas en los medios de comunicación, explica el auto, la instructora ha decidido insistir en su petición de información. La juez desmonta los reparos del Gobierno de Griñán, que alegaba que esas actas eran secretas.
Tal y como expuso en un escrito el sindicato Manos Limpias, la juez Alaya expone que debido a la especial trascendencia del caso y ateniéndose a los artículos 30.3 y 31.1 de la Ley de Gobierno de la Comunidad Autónoma, así como del artículo 332 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de la Constitución española, la Junta no podrá negarse a expedir certificaciones y testimonios solicitados por los tribunales.
Acusador o acusado
En el mismo auto la juez Alaya advierte de que resulta paradójico que durante 10 años la Junta no haya detectado las graves irregularidades que se estaban cometiendo con los fondos públicos y que ahora se extrañe de que el juez que investiga el caso quiera conocer los motivos de ello. Y continúa en su último auto: No es legítimo por constituir un abuso de derecho que la Junta de Andalucía se persone como perjudicada y de otro lado pretenda ocultar, o al menos aparentar que lo hace, datos que pueden ser relevantes para la investigación, incumpliendo con el mandato constitucional de nuestra Carta Magna.
En ese mismo auto, firmado el 31 de marzo, se aclaran los dos hechos más relevantes que investiga la juez. De una parte, expone, la trama organizada en la que indiciariamente intervendrían intermediarios, empresarios, aseguradoras y responsables de la Junta para incluir en los ERE a gente que no había trabajado en esas empresas siguiendo, indiciariamente, motivaciones de amistad, de compromiso político o familiar a lo largo de una década.
Además, la instructora también deniega la personación en el caso a UGT y desestima la ayuda de los Inspectores de Trabajo al considerar que es cuando menos sorprendente que la Inspección obligada a comprobar los ERE no hiciera el menor reparo acerca de los abusos o fraudes en los mismos.
