Madrid- ETA ha fijado un plazo para que el Gobierno de Zapatero cumpla una serie de exigencias, que forman parte de sus objetivos tácticos, según han señalado a LA RAZÓN fuentes antiterroristas vascas, que subrayan que hay sectores dentro de la banda que empiezan a inquietarse ante la falta de resultados del alto el fuego anunciado el pasado 22 de marzo. La entrevista publicada el domingo en Gara no ha hecho sino confirmar las informaciones que se tenían al respecto.
Esta fecha, que se desconoce con exactitud, pero que podría estar incluida dentro de los meses de verano, ha sido marcada por los pistoleros como un antes y un después. El llamado proceso de paz, que al Gobierno de Zapatero ya le ha ofrecido réditos (ha conseguido dar un vuelco a las encuestas sobre intención de voto), no ha permitido, por el contrario, a la banda y su entorno político cosechar resultados visibles que ofrecer a su militancia, según las mismas fuentes.
La entrevista publicada por Gara ha sido la culminación de una serie de declaraciones, realizadas durante las últimas semanas por dirigentes del entorno proetarra, en las que se decía, de forma terminante, que si no se cumplían una serie de exigencias, no habría proceso.
Ni juicios ni arrestos. Los terroristas que hablaron en Gara plantearon, entre otras cosas, dos asuntos que deberían ser resueltos con una cierta inmediatez: el acercamiento de los presos a cárceles del País Vasco, como primer paso hacia una amnistía total; y el fin de lo que denominaron ataques contra la izquierda abertzale, que no es otra cosa que las Fuerzas de Seguridad y la Justicia dejen de actuar contra ellos. Que se suspendan los juicios, que no haya más detenciones y que se legalice Batasuna.
No se trata de mensajes de consumo interno sino para el Gobierno, al que apremian a que dé una serie de pasos concretos si quiere asegurar la continuidad del proceso.
El debate interno de ETA antes de llegar a la decisión del alto el fuego, que concluyó el pasado mes de enero, no estuvo exento de tensiones a cargo de un sector de los presos, encabezado por José Javier Arizcuren, Kantauri, y por miembros del aparato militar, cuyo máximo cabecilla es Garikoitz Azpiazu.
Este individuo, conocido por el alias de Txeroki, ya había protagonizado con anterioridad un enfrentamiento con otros miembros de la dirección etarra sobre el asunto de la seguridad interna de la banda y, en especial de los comandos. El asunto fue cortado de raíz por los otros dirigentes, que recordaron a Azpiazu que, si se quejaba de falta de seguridad, el primero que tenía que buscar soluciones era él mismo.
Esta llamada al orden, en la que salió claramente perdedor Txeroki, habría servido después para que José Antonio Urruticoechea, Josu Ternera, y los otros cabecillas, impusieran finalmente, tras convencer a los presos, sus criterios.
El papel de Urruticoechea, junto al de Juan Lasa Michelena, Txikierdi, al frente de los reclusos, y otra cabecilla, también de cierta edad como los anteriores y cuyo nombre se desconoce, es determinante en la actualidad dentro de ETA.
Sin embargo, si pasa el tiempo y no consiguen ofrecer a los militantes de la banda y su entorno resultados visibles, el protagonismo de los discrepantes puede resurgir. El tono desafiante de la entrevista del domingo demostraría la presión de estos sectores sobre la dirección.
Una de las primeras manifestaciones de estas discrepancias, según las fuentes antiterroristas vascas, podría ser el resurgimiento del terrorismo callejero (que ETA, por si acaso, no descartó, más bien avaló, en la entrevista) por parte de unos grupos ya formados y que han demostrado, como ocurrió en Navarra y en Vizcaya, que pueden actuar en cualquier momento.
http://www.larazon.es/noticias/noti_nac34532.htm
¿Qué opináis de que ETA exija todo esto al gobierno? ¿Pensáis que el gobierno se lo dará para que continúe el "proceso? Esperemos que no sucumba al chantaje de ETA.
Un saludo.
