Montaje de garzón para criminalizar a los peritos que denunciaron la falsificación

Les acusa por haber firmado el pasado julio una copia del mismo dictamen, cuyo original desapareció Mantiene de testigo al jefe Ramírez, que firmó ser autor de las pruebas que hicieron sus subordinados

MARIA PERAL

MADRID.- El juez Garzón imputó ayer por una presunta falsedad documental a los tres peritos de la Policía que mencionaron a ETA en un informe sobre el 11-M. Les acusa de un delito para cuya persecución no es competente, utilizando en contra de los agentes las declaraciones que prestaron como testigos, vulnerando su derecho a un abogado y a no autoinculparse, y atribuyéndoles la conducta de haber falsificado un documento oficial pese a que el propio juez reconoce que el informe era un documento interno no oficial.
En cambio, ha mantenido la condición de testigo a Francisco Ramírez, que firmó el dictamen remitido al juez del 11-M como si él hubiera efectuado las pruebas analíticas que, en realidad, hicieron sus tres subordinados.

Con la llamativa decisión de imputar a los tres peritos, Garzón inicia una incursión colateral en el sumario del 11-M pese a que tampoco tiene jurisdicción en este asunto, ahora en manos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

El sumario que formalmente está sirviendo a Baltasar Garzón para adentrarse en la autenticidad o falsedad de informes periciales incorporados al caso 11-M es el relativo a los atentados islamistas de Casablanca, en los que se sospecha que participó Hasan Haski.

Sin embargo, el delito de falsedad documental no es competencia de la Audiencia Nacional, salvo que haya sido cometido por terroristas y para perpetrar actos terroristas o facilitar su impunidad. Ni una sola línea de la resolución de Garzón se dedica a justificar su competencia, hasta el punto de que ni siquiera menciona a Haski.

En el domicilio en Canarias de este marroquí al que la Fiscalía considera instigador de los ataques del 11-M se encontraron unos polvos blancos que resultaron ser ácido bórico, según el informe elaborado el 21 de marzo de 2005 por los peritos Isabel López, Pedro Manrique y Manuel Escribano.

Los tres hicieron constar en su informe que también fue intervenido ácido bórico en un piso franco de ETA descubierto en Salamanca en 2001, así como en el domicilio de un joven antisistema detenido en 1999.

Los técnicos mencionaban que el ácido bórico puede servir como conservante de explosivos y para enmascararlos con el fin de dificultar su detección, por lo que sugerían la posibilidad de que los autores de estos hechos estén relacionados entre sí y/o hayan tenido un mismo tipo de formación.

Garzón afirma en el auto de imputación que dictó ayer que los peritos presentaron su informe al jefe de sección Francisco Ramírez, quien, al discrepar del contenido del documento, que en ese momento tenía el carácter de documento interno no oficial en la Comisaría General de Policía Científica, le indicó a Escribano que debían reelaborarlo, eliminando las observaciones que contenía al extralimitarse de lo que se les había solicitado y responder esas observaciones a opiniones subjetivas y faltas de consistencia.

Los expertos se negaron a modificar su dictamen. Según el juez, Escribano sugirió a Ramírez que reasignase el caso a otro perito, sin que conste que le devolvieran su informe original, que quedó en manos de Ramírez y del que nunca más se supo.

El jefe de sección se reasignó a sí mismo el caso como perito, lo cual estaba dentro de sus competencias, a la vez que recibió de Escribano copia del informe en un archivo de word para que pudiera trabajar con el mismo, lo que hizo redactando el informe oficial el día 22 de marzo de 2005, sin incluir las observaciones.

Garzón pasa completamente por alto el hecho de que, en el informe enviado al juez Del Olmo y firmado por Ramírez, éste figura como autor de los análisis sobre el ácido bórico encontrado a Haski -de hecho, Ramírez rubrica el dictamen como perito facultativo y no como jefe de sección- cuando, en realidad, él no hizo las pruebas.

Por el contrario, del informe al que el propio juez otorga la calificación de oficial Ramírez suprimió los carnés profesionales que permitían identificar a los auténticos peritos.

En la resolución se añade que, el pasado jueves, la propia Isabel López presentó durante su comparecencia ante Garzón una copia del informe de 21 de marzo de 2004.

Fue esta funcionaria la que, en el curso del interrogatorio, manifestó que esa copia fue extraída el día 11 de julio de 2006 del archivo informático por Escribano y firmado por él y por los otros dos peritos el mismo 11 de julio, pero con fecha 21 de marzo de 2005, narra Garzón.

Añade que presentaron la copia a José Andradas, jefe de la Unidad Central de Analítica y superior jerárquico de los tres peritos y de Ramírez, sin advertirle de la citada alteración que simulaba la fecha de firma y creación del documento.

Tal como ya informó EL MUNDO en su edición del pasado día 21, el 11 de julio de 2006 el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, solicitó que se le remitieran todos los informes policiales sobre sustancias explosivas relacionadas con el 11-M.

El inspector jefe Escribano fue precisamente el encargado de recabar los informes del servicio de documentación. Descubrió entonces que no constaba el firmado por él, López y Manrique de fecha 21 de marzo de 2004, en el que se mencionaba incidentalmente a ETA.

Por eso, los peritos tuvieron que volver a sacar del ordenador una copia de ese documento, que firmaron de nuevo para que Andradas lo enviara, junto al resto de los dictámenes, al ministro del Interior.

Garzón, que no explica esos datos, interpreta que los peritos tuvieron la intención de producir un efecto oficial de un documento que nunca lo fue y que jamás fue autentificado con los sellos oficiales de la Comisaría General de Policía Científica. En la tarde de ayer, agentes del Cuerpo Nacional registraron por orden del magistrado las mesas en que trabajan los tres peritos, en la sede de la Policía Científica, en el complejo de Canillas (Madrid).

Por su parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió ayer la decisión de la Sala de lo Penal de enviar los dos informes -el de los tres peritos y el de Ramírez- a los juzgados ordinarios de Madrid. La Fiscalía que dirige Javier Zaragoza insiste en que sea sólo Garzón el que intervenga en este asunto.