n realojo por motivos sociales ha terminado en una enrevesada historia de okupación favorecida por el Ayuntamiento de Barcelona. El 10 de febrero pasado, los servicios sociales municipales contrataron a una agencia de viajes para alojar a una familia sin recursos en una habitación de hostal en la calle de Vila i Vilà (Poble Sec, Sants-Montjuïc) de forma provisional mientras gestionaban su realojo. La familia, de origen marroquí, compartía un piso social facilitado por los asistentes del ayuntamiento pero ya había cumplido más de dos años, el doble del tiempo estipulado. Entonces el ayuntamiento optó por realojarlos en un hostal de forma provisional mientras los afectados se comprometían a buscar trabajo.
Para ello, los servicios municipales contactaron con una agencia de viajes para encontrar una habitación para cinco personas, entre ellas una mujer embarazada a punto de dar a luz. El ayuntamiento pactó con el dueño del local un precio de 130 euros la noche mientras encontraba otro destino para la familia. Los asistentes sociales, que consideraban que el padre no estaba buscando empleo con suficiente empeño, dejaron de pagar al hotel el 17 de abril pasado y la familia, en paro y sin recursos, decidió continuar en modalidad okupa en la habitación.
Allí viven, sin cocina. Lavan la ropa en la bañera y la secan como pueden en los muebles de la casa y en el balcón. Los niños comen en la escuela pero sus padres solo pueden preparar bocadillos. No puedo encontrar piso porque no tengo dinero para los avales, no tengo trabajo y nadie me alquila una habitación porque tengo cuatro hijos pequeños, explica O. A, de 45 años.
El ayuntamiento asegura que, por tratarse de una familia con niños pequeños, buscará una solución para evitar que se queden en la calle pero que, a cambio, exige que los padres se comprometan a buscar trabajo de forma intensiva. Ante la situación tensa entre el propietario y la familia, los servicios sociales ha ofrecido otro hostal temporal, algo que la familia ha rechazado.
8.400 EUROS POR DOS MESES / Para atender a la familia sin recursos, el ayuntamiento ha pagado, al menos, 8.400 euros (sin contar la comisión de la agencia de viajes) por poco más de dos meses de alojamiento. La Generalitat tenía en junio más de 200 pisos vacíos en el área metropolitana, pero los servicios sociales no quisieron enviar a la familia a estas viviendas por el temor de que se niegue a marchar después.
Desde hace seis meses, el dueño del hostal Abrevadero mantiene la habitación 111 ocupada y sin recibir nada a cambio. Las pérdidas ocasionadas por la okupación ascienden a unos 130 euros diarios, precio fijado por el hotel para unos estudios especiales para cinco personas. Lo único que quiero ahora es que me dejen la habitación libre, explica Manuel del Paso, que presentó una demanda penal en abril que fue desestimada. El ayuntamiento confirmó que no se hará cargo de los gastos que la familia ha ocasionado desde abril hasta ahora. Presentaremos un recurso de desahucio por impago por la vía civil esta misma semana. Después reclamaré al ayuntamiento el pago de unos 22.000 euros por daños y perjuicios porque entiendo que es el responsable subsidiario, explicó Bautista Sotelo, abogado del propietario del hostal.
El empresario asegura que cuando la familia llegó a su hostal, los atendió de manera especial por tratarse de una mujer a punto de dar a luz con tres hijos pequeños. Les dejaba lavar la ropa en la lavandería. También tenían televisión. Les di todas las facilidades. Pero cuando se negaron a desalojar, la relación cambió. Ya no les dejo lavar la ropa aquí, asegura.
El padre de familia trabajó durante siete años en el aeropuerto para Iberia con contratos temporales encadenados. Tras el despido no ha podido conseguir trabajo y ahora depende de la renta mínima de inserción (Pirmi). Si no consigue vivienda, ya tiene un plan. Tendré que meterme en un piso vacío, asegura.