"Tres movimientos. Simultáneos.
a) La fiscal Olga Sánchez interpela a los abogados defensores en el procedimiento por los crímenes del 11M: ¡ya está bien...!, fulmina a los letrados, en arrebato pasional difícil de entender procesalmente, ¡...no hay relación entre ETA y los islamistas!;
b) El Colegio de periodistas de Cataluña arroja a las tinieblas exteriores a tres medios de comunicación madrileños: deberían ser silenciados por el bien de la prensa y de las instituciones; hablan demasiado minuciosamente sobre el 11M y ponen en peligro las pactadas reglas del juego.
c) En el Parlamento, el segundo partido de este país es vetado por todo el resto de la representación electa: resulta intolerable que plantee preguntas nunca contestadas -ahora jamás lo serán, sabemos- acerca del 11M.
La trama enigmática de un secreto de Estado está cerrando sus redes. Con la brutalidad que parece exigir una urgencia misteriosa. De inmediato, una noticia. Terrible. Con foto en primera página. La doble versión (la auténtica y la presuntamente falsificada) de un informe con número de registro del ministerio del Interior. La primera versión, firmada por tres expertos, enuncia la material verosimilitud de lazos logísticos entre los islamistas y ETA. En la segunda, todo el pasaje ha desaparecido; también las firmas de los expertos. El número de registro, sin embargo, se mantiene; lo cual convertiría a ese texto -de ser auténtico- en soporte de un delito penal tipificado: falsificación en documento público. Al juez del Olmo, pobre, le entregaron la versión segunda. Por supuesto. Rubalcaba replicó desde Finlandia: El ministerio del Interior no ha falsificado jamás un documento. Jamás. Es rotundamente falso. La voz del ministro de sombras y alcantarillas sonaba tan furiosa como la de aquel Felipe González amenazante del no hay pruebas ni las habrá nunca, cuando ya los crímenes del GAL rebosaban el sumidero a borbotones. Y su tono tenía la calidad sincera del González que escupía por la tele aquello tan noble de no, no soy el señor X. Todo vuelve.
A estas alturas, nadie sabe -salvo quienes lo hicieron, si es que están vivos- qué fue lo que de verdad pasó el 11 de marzo. Sólo hay claras las dos consecuencias de aquello. Dramáticas por igual.
a) La apertura de un cambio de régimen -no de gobierno, de régimen-, que encamina vertiginosamente hacia la crisis constitucional completa.
b) El naufragio colectivo de este país en el fangoso infierno de una sospecha casi informulable y que desgarra, mitad por mitad, a su ciudadanía: la de que el autor de los doscientos asesinatos de hace dos años y medio haya podido ser algo o alguien mil veces más peligroso que ETA para la salvaguarda de las libertades públicas.
Día a día, se ha ido abriendo paso ante nosotros la certeza de que, tras de esta exasperada voluntad de sumergirnos en la niebla más espesa, late una amenaza: todo le está permitido a un Estado -digo todo- para hacer inaccesible su secreto. Una organización terrorista -política o religiosa- puede ser combatida. Frente a un Estado que se arma contra sus ciudadanos, poca alternativa queda. A no ser el exilio.
Nota: Publicado por el diario LA RAZON el viernes 22 de septiembre de 2006.
